En un nuevo fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, dictado en autos Saez González, Julia del Carmen c/ Astrada, Armando Valentín s/ daños y perjuicios, cuyo fundamentos fueron publicados el 12 del corriente, el Tribunal resolvió por mayoría de sus miembros que para las acciones de daños y perjuicios originadas en un contrato de transporte terrestre de pasajeros, el plazo de prescripción será de tres años, de conformidad con lo establecido al respecto por la Ley de Defensa del Consumidor.

Los códigos de procedimiento prevén que las cámaras de apelaciones, existiendo sentencias dispares de sus distintas salas sobre un punto determinado, podrán reunirse en tribunal plenario y, de tal modo, establecer por el voto de sus miembros una interpretación sobre dicho punto que será obligatoria para la misma cámara y para los jueces que de ella dependen. Los fallos plenarios de la Cámara Civil de la Capital Federal tienen particular relevancia por el tradicional prestigio del tribunal, que gobierna el fuero civil más grande del país (110 juzgados de primera instancia y trece salas de apelación).

En los últimos tiempos, la Cámara dictó otros fallos que tuvieron directa injerencia en la actividad aseguradora: dos de ellos dispusieron la inoponibilidad de la franquicia prevista en el contrato a la víctima de un accidente de tránsito cuya responsabilidad se atribuye a un vehículo afectado al transporte público de pasajeros -Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte y Gauna, Agustín c/ La Economía Comercial- y el otro, Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A., estableció la aplicación de la tasa activa de intereses, en una confusa redacción.

Por su parte, este nuevo plenario también producirá efectos, sin duda, en el mundo del seguro ya que, a partir de su vigencia, los pasajeros que sufran daños durante su traslado en un medio público de transporte terrestre tendrán tres años para la interposición del reclamo indemnizatorio, en lugar del término anual con el que contaban hasta entonces.

Los jueces que integraron la mayoría del Tribunal para el dictado del fallo mencionado recordaron que, a partir de la reforma constitucional de 1994, la protección del consumidor tiene raigambre constitucional y afirmaron que el usuario de transporte público terrestre debe ser considerado como tal. En consecuencia, consideraron que a partir de una reforma de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), ocurrida en el año 2008, debe aplicarse el señalado plazo trienal de prescripción. En efecto, la reforma legal introducida aclara que cuando existieran diferencias entre ese término, que la ley ya tenía, y otros plazos de prescripción fijados por otras leyes generales o especiales, se estará al más favorable al consumidor o usuario. En base a ello, para el criterio mayoritario, debe desplazarse la norma del Código de Comercio que fijaba el plazo anual, reemplazándoselo por el nuevo criterio jurisprudencial.

Más allá de dicho criterio, que como suele ocurrir en Derecho, es materia opinable, entendemos cuestionable que, en fundamento del mismo, se haya manifestado que por la protección constitucional del consumidor, que constituye un régimen especial, la LDC tiene un rango superior al Código de Comercio, proveniente de la Carta Magna. Nos parece una interpretación desacertada pues no hay preeminencia entre las leyes vigentes, aun cuando el juez, al fallar, deba, en algunas situaciones, optar por la que corresponda aplicar a caso concreto.

Los jueces que integraron la opinión minoritaria dijeron que la reforma de la LDC no afecta los regímenes de prescripción de los Códigos Civil y de Comercio por cuanto, a diferencia de los magistrados que compusieron la mayoría, entienden que las normas de protección de los derechos del consumidor conforman un régimen general y que las regulaciones que existan, de otros contratos, comportan regímenes especiales que deben prevalecer y a ello agregaron que el plazo trienal podría aplicarse, por ejemplo, a concretas situaciones del “consumo” en el caso del transporte como sucedería con incumplimiento del servicio, sobreventa de pasajes, etc., pero no a las situaciones en las que se discute la responsabilidad por daños y perjuicios.

En apoyo de su posición, estos jueces citaron un fallo de la Corte de Tucumán que resolvió que resultaba apresurada la aplicación de la reforma citada de la LDC para desplazar el también anual plazo de prescripción previsto en la Ley de Seguros y que, por lo tanto, correspondía resolver a la luz de lo dispuesto por ésta ya que las normas de la LDC completan el ámbito de protección al consumidor con alcance general pero respetando la preeminencia de la ley especial.

Y también mencionaron lo resuelto en fecha reciente (abril de 2011) por la Corte Suprema de la Nación en autos Baeza, Silvia c/ Buenos Aires, Provincia de en los que sostuvo el plazo anual de prescripción en una demanda promovido contra Metrovías S.A., habiendo transcurrido ese lapso entre el hecho dañoso y la fecha de inicio de la demanda.

Dijeron los jueces de la minoría, también, que el art. 3 de la LDC establece que “en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor” y que en el caso resuelto no se advierte la duda que permita tomar una decisión diferente a la prevista en la norma especial, el Código de Comercio.

El tema en análisis es amplio y el espacio breve. Para concluir, señalamos junto con uno de los jueces de la minoría, el Dr. Sánchez, el error histórico que se observa en el voto de algunos jueces que integraron la mayoría: el plazo anual de prescripción establecido no estaba previsto en el Código de Comercio al momento de su sanción sino que fue incorporado a ese cuerpo legal por la ley de facto 22.096 en 1979. Y el Código de Comercio no fue sancionado en 1889 sino que se trata del cuerpo legal redactado por Dalmacio Vélez Sársfield y Eduardo Acevedo para el Estado de Buenos Aires, incorporado a la legislación nacional luego de la unificación definitiva del país en 1860, mediante ley 15.

Nota escrita por Alberto Alvarellos, abogado especialista en Seguros.

El 16 de marzo de 2011, el Grupo Sancor Seguros inauguraba su Nuevo Edificio Corporativo en Sunchales, provincia de Santa Fe. En un acto del que participaron más de 3 mil personas y contó con la presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, esta aseguradora abrió las puertas de un edificio único para el interior del país. Se trata de una construcción modelo que prevé el control inteligente de variables como la climatización, la iluminación, la energía y el uso racional del agua, y que se encuentra emplazado sobre un predio de diez hectáreas sobre la Ruta Nacional N° 34. Esta obra dio al Grupo Asegurador una estructura edilicia para su sede central acorde a su crecimiento, desarrollo y expansión a nivel nacional e internacional.

Asimismo, y con una inversión de 32 millones de dólares en esta construcción, el Grupo Sancor Seguros reafirmó el espíritu federal que lo inspira, apostando una vez más al desarrollo económico de la ciudad que lo vio nacer y de toda la región.

Jorge Castro, conjuntamente con la Universidad de Morón y bajo la dirección de Amanda Llistosella, anuncian el comienzo del curso para la obtención de la matrícula de productor, en la sede capital de la Universidad, ubicada en San José 239. El turno mañana se desarrolla los martes, jueves y sábados de 9 a 13 horas y el turno noche los martes y jueves de 18 a 22 horas y los sábados de 9 a 13 horas. En la Sede Morón, se cursará los lunes, miércoles y viernes de 18 a 22 horas.

Los cursos se inician el 9 y 10 de abril y finalizan en septiembre de 2012. El costo al contado es de 2200 pesos. La inscripción es de 500 pesos y hay cinco cuotas de 400 pesos, todo incluido. La inscripción y todos los trámites en la Ciudad de Buenos Aires Capital se realizan en la Sede Capital. Para más información, comunicarse con la Universidad de Morón al (011) 5627-2000 internos 232/266, con la Sede Capital al (011) 4383-9125, o con el coordinador Castro al celular 15 4051-3578. También puede ingresarse a las páginas unimoron y castroconsultores

El pasado 10 de marzo, Antonio Huertas asumió la Presidencia de Mapfre tras la Junta General de Accionistas del Grupo celebrada en Madrid (España), en la que se aprobaron las cuentas del ejercicio 2011; año en el que obtuvo un beneficio neto de 963 millones de euros, un 3,2% más que en el anterior ejercicio. Antonio Huertas sustituye en este cargo a José Manuel Martínez, quien fue el presidente de Mapfre desde 2001 y desarrolló toda su carrera profesional en el Grupo.

En tal marco, Martínez se mostró muy satisfecho por el nombramiento de Huertas como nuevo presidente de Mapfre, de quien destacó las múltiples responsabilidades que desempeñó con éxito, así como su capacidad innovadora, su rigor en la gestión, su eficacia en la dirección de equipos humanos, su conocimiento de las nuevas tecnologías y su capacidad para asumir retos empresariales. En su intervención, Martínez señaló que, pese al entorno económico difícil, Mapfre obtuvo en 2011 “excelentes resultados”, que sitúan al Grupo entre las mayores empresas españolas y destacó los principales logros del ejercicio pasado.